La reforma procesal penal en Latinoamérica

La decisión de la reforma procesal penal en América Latina, se basó en el cambio que fue sufriendo los distintos sistemas políticos que existían en la región. Estados en donde el régimen dictatorial era quien daba dirección a los diferentes poderes del Estado, abusando del poder a diestra y siniestra. No solo podemos mencionar a éste, inclusive en otras formas de gobierno el poder punitivo del Estado se aprovechaba para así implantar toda decisión judicial respecto a la absolución o condena de un imputado. Aunado a esto, podemos mencionar los cambios en las políticas constitucionales de cada Estado en la región que poco a poco han ido reformando y hasta reescribiendo por completo sus Cartas Magnas a fin de incluir los derechos humanos y derechos fundamentales como elementos fundamentales para así respetar la dignidad y condición humana. El cambio genera a su vez más cambios y aunque suene redundante pienso que la madurez que fue adquiriendo los Estados debido a las lesiones provocadas a los distintos integrantes del proceso penal crearon un carácter más centrado y encaminado a pensar en reformas que coadyuvaran a que el Estado ya no fuese visto como el único actor del proceso en donde primaba el poder punitivo y obviaba que el imputado – condenado aún en su condición social no dejaba de ser humano y no debía perder sus garantías. No era posible que un Estado tratara a un connacional como si se despojara su condición y lo confinara a pagar penas anticipadas y no buscando realmente que se integrara nuevamente a la sociedad, con miras a que luego fuera productivo para éste.

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